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Alerta tras resultados de la PSU


LA RECIENTE entrega de los resultados de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) ha estado marcada por el hecho de que varios de los llamados “liceos emblemáticos” mostraron retrocesos en sus puntajes promedio -probablemente el caso más llamativo es el del Instituto Nacional-, dejando de figurar entre los cincuenta mejores, con excepción del Augusto D’Halmar. Tal caída parece ser la prueba más evidente del daño que los extensos paros, huelgas y pérdidas de horas de clase han provocado en la educación pública, siendo ello evidente porque las generaciones que este año dieron la prueba corresponden a la de 2011, año en que comenzó a notarse con más fuerza la protesta estudiantil. Los costos de esta irresponsabilidad son aún difíciles de dimensionar, pero lejos de buscar cómo revertirlo, el Ministerio de Educación ha preferido concentrar sus esfuerzos en la aprobación de una reforma educacional que, en el afán de promover el igualitarismo, deteriorará aún más la calidad.

Los riesgos de este desorden en la educación pública habían sido alertados desde hace tiempo, pero los alcaldes y el Ministerio de Educación prefirieron eludir sus responsabilidades, justificándose en la legitimidad de que los estudiantes ejercieran su derecho a protesta. La consecuencia de ello se tradujo en que, en el caso del Instituto Nacional, desde 2011 se ha perdido más de un año de clases, y aun cuando esas horas eventualmente hayan sido recuperadas, parece obvio que ello no logró compensarlo. Así, mientras en 2013 el Instituto Nacional o el Carmela Carvajal obtenían un puntaje promedio de 677 y 665, respectivamente, en 2016 cayó a 642 y 640, respectivamente.

Estos puntajes no son un mero número. Significan que los estudiantes puedan o no ingresar a las carreras que desean en las instituciones de educación superior de su preferencia, lo cual repercutirá en sus vidas futuras. Asimismo, pueden definir el acceso a becas y otras ayudas estudiantiles que afectan significativamente el bienestar de las familias. Éstas, desde luego, entienden esto y es poco probable que decidan arriesgar el futuro académico de sus hijos, por lo que no es descartable que parte de esas caídas en puntaje, además de menos clases, también se deba a que los colegios “emblemáticos” hayan perdido una proporción importante de los alumnos más talentosos, quienes parecen haber optado por matricularse en establecimientos de otra dependencia.

Resulta interesante analizar el caso de Magallanes, pues en dicha región comenzó el nuevo sistema centralizado de admisión a los colegios. Si bien se requieren antecedentes adicionales para analizar lo que subyace a las cifras, preliminarmente se observa que la matrícula de los establecimientos particulares pagados -que no están afectos a la Ley de Incluisón- creció en 19%, casi cinco veces más que en el resto del país. Ello puede estar anticipando cómo las familias reaccionan a un sistema de selección aleatorio, que no garantiza el colegio de su preferencia, y que también puede contribuir a alejar a los buenos alumnos de los colegios municipales.

Más allá de los perfeccionamientos técnicos de que debería ser objeto la PSU, los resultados de 2016 arrojan un inequívoco deterioro en la calidad de la educación pública, lo que requiere urgentes correcciones.

Fuente: LaTercera.cl

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